Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas Canarias

Manifiesto

Canarias cuenta con dos instituciones que han protagonizado y liderado las mayores transformaciones de la historia reciente de nuestra tierra: la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su papel como motor social y de progreso ha quedado patente: no solo han elevado la formación media de nuestra población, sino que cada euro invertido en investigación y transferencia en ellas se multiplica en productividad, empleo cualificado y cohesión social. A lo largo de décadas, estas instituciones han actuado como un poderoso ascensor social, formando a generaciones de canarias y canarios que fueron las primeras personas de su familia en acceder a la universidad, entre ellas, miles de mujeres que encontraron en la universidad el único espacio donde su talento no dependía de su apellido ni de su género. Han generado profesionales de alta cualificación al servicio de la sociedad y conocimiento científico valioso, demostrando que invertir en nuestras universidades es invertir en el futuro de Canarias.

En los últimos tiempos asistimos a un preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como nacional. Se cuestiona el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social. En este sentido, debemos destacar que, tras la crisis de 2008, lejos de reforzarse, la educación superior pública ha sufrido un estrangulamiento presupuestario en numerosos territorios. Frente a todo ello, alzamos la voz: defender la universidad pública es defender una sociedad más justa e ilustrada.

Por todo lo expuesto, instamos a un compromiso firme y concreto en defensa de nuestras universidades públicas canarias. Exigimos a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación. En particular, reclamamos el objetivo común de destinar, como mínimo, el 1% del PIB a la educación universitaria pública antes del año 2030, tal y como establece la LOSU. Solo garantizando esta suficiencia financiera podremos asegurar la calidad docente e investigadora, la igualdad en el acceso y la consecución de los objetivos sociales encomendados a la universidad. Asimismo, demandamos que se establezca una senda de crecimiento estable de los presupuestos de la ULL y la ULPGC, de modo que sus ingresos públicos aumenten de forma constante hasta lograr ese 1% del PIB en 2030. Del mismo modo, pedimos que se garantice la autonomía y libertad académica reforzando la financiación básica incondicionada: una universidad bien financiada es una universidad independiente.

En suma, reclamamos un pacto social y político que blinde a nuestras universidades públicas, dotándolas de fondos suficientes y estables para seguir cumpliendo su misión al servicio de toda la sociedad. Por ello, instamos a la sociedad canaria en su conjunto –ciudadanía, fuerzas políticas de todos los signos, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales– a unirse en esta causa común. Defender la universidad pública canaria es defender el futuro de nuestra región. Nos encontramos en una encrucijada: o actuamos conjuntamente para fortalecer nuestra educación superior pública, o permitiremos que décadas de avances se desvanezcan. Ahora es el momento de comprometerse, de invertir con valentía en conocimiento, de apoyar sin fisuras a nuestras universidades. Porque, en última instancia, lo que está en juego es el porvenir de nuestra juventud, el progreso de nuestra tierra y la esencia misma de una sociedad culta, próspera y cohesionada. Lo que está en juego no es el presupuesto de dos instituciones. Es el derecho de las próximas generaciones a formarse aquí, a investigar aquí, a construir su vida aquí.